La falta de espacios adecuados en la Fiscalía Anticorrupción de Ayacucho compromete la integridad de las investigaciones y casos de corrupción, alerta la Defensoría del Pueblo.
La Defensoría del Pueblo denunció graves deficiencias en la falta de espacios adecuados para los expedientes de corrupción en la Fiscalía de Ayacucho, poniendo en riesgo la conservación de pruebas y el debido proceso de los casos de corrupción .
Guardado en baños
De acuerdo con el informe defensorial, las carpetas fiscales y las evidencias se guardan en lugares inapropiados, como baños, por el hacinamiento. Esto afecta la conservación de los documentos y las pruebas, así como la cadena de custodia. Además, se rompen que los pasillos están obstruidos por cajas y muebles, lo que impide el tránsito y representa un riesgo para los trabajadores y los usuarios.
#Ayacucho Tras supervisión a oficinas de @Fiscaliaperu anticorrupción, advertimos riesgo en integridad de carpetas de investigación y pruebas al estar en ambientes inadecuados, como baños, por hacinamiento. También obstaculiza libre tránsito y es un peligro para personas. (1/2) pic.twitter.com/3QShhwoVmD
— Defensoría Perú (@Defensoria_Peru) July 5, 2023
Es así que, este hecho también compromete la seguridad de la información y el debido proceso de las investigaciones, especialmente en casos de corrupción, lo que genera una gran alarma en la sociedad.
Medios probatorios de riesgo
Frente a esta situación crítica, la Defensoría del Pueblo solicitó al Ministerio Público que atienda las necesidades presupuestales del distrito fiscal, para habilitar espacios adecuados para el almacenamiento de las carpetas fiscales y los elementos materiales probatorios y evitar su daño. También instó a la fiscalía a implementar medidas de orden y limpieza que aseguren el buen funcionamiento del servicio.
Finalmente, la fiscalía anticorrupción de Ayacucho tiene su carga más de una veintena de casos, entre los que se encuentran investigaciones por peculado, colusión, cohecho, malversación y otros delitos contra la administración pública, teniendo como implicados a autoridades regionales, locales, entre otros . La Defensoría del Pueblo condiciona que es necesario reforzar la labor.
