La JNJ niega acusaciones de la congresista Patricia Chirinos y advierte posibles intentos de interferir en su labor constitucional.

La Junta Nacional de Justicia (JNJ) emitió un pronunciamiento en respuesta a la denuncia constitucional presentada por la congresista Patricia Chirinos contra tres de sus miembros. Negó rotundamente haber sostenido conversaciones con el presidente del Poder Judicial o haber ejercido presión para promover una posición favorable a la exfiscal de la Nación Zoraida Ávalos, así como también a cualquier otro integrante de la Corte Suprema de Justicia. A creado su total respeto por la separación de poderes propios del ordenamiento constitucional y su defensa de la independencia de los jueces y fiscales del país.

La JNJ también condenó la construcción de argumentos con afirmaciones falsas de una fuente no identificada y la falta de rigor periodístico de los medios que las publicaron. La congresista Chirinos acusó a los miembros de la JNJ de patrocinio ilegal, abuso de autoridad, tráfico de influencias, aprovechamiento indebido del cargo e infracción constitucional, solicitando su destitución e inhabilitación por 10 años.

Facultades de la JNJ

La JNJ tiene facultad de nombrar, ratificar y de control disciplinario de todos los jueces y fiscales del país, incluidos los del Jurado Nacional de Elecciones y jurados especiales electorales. También tiene facultades respecto a los titulares de la Oficina Nacional de Procesos Electorales y del Registro Nacional de Identificación y Estado Civil.

En el pronunciamiento, el pleno llama la atención sobre hechos que parecen afectar sus funciones constitucionales y la institucionalidad del país. Asimismo,  reiteró su compromiso con la independencia de los jueces y fiscales del país y su respeto a la separación de poderes propios del ordenamiento constitucional.

Las denuncias constitucionales son un mecanismo de control político que los congresistas tienen contra los funcionarios y autoridades públicas. Sin embargo, es importante que se presenten con pruebas y cumplan con los procedimientos legales correspondientes para evitar afectar la institucionalidad del país., puntualizaron.

 

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