Magistrados que dialogaron con este medio denuncian que la elección de presidentes de Cortes Superiores mediante un voto secreto y restringido convierte a estas autoridades en “caciques”, capaces de premiar, mediante el reparto de cargos, a quienes respaldaron su candidatura y de castigar a quienes votaron en contra. El caso “Las Corbatas Negras”, en Apurímac, es una de las evidencias que los llevan a exigir una reforma urgente: instaurar el voto universal y garantizar mayor transparencia en el Poder Judicial.
Presidentes de Cortes Superiores y el voto secreto
El próximo 3 de diciembre de 2026, los jueces titulares de la Corte Suprema y de las Cortes Superiores del país se reunirán en Salas Plenas para elegir a sus respectivos presidentes. El voto secreto en las Cortes, regulado por los artículos 74 y 88 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, está restringido a solo unos cuantos electores.
A medida que se acerca la elección, distintos sectores dentro del Poder Judicial se movilizan para cambiar este estado de cosas. En ese contexto, un grupo de magistrados habló con este medio bajo reserva de identidad, por temor a represalias laborales o disciplinarias. Advierten que el voto secreto en las Cortes facilita decisiones arbitrarias y actos de corrupción que afectan la meritocracia en el sistema de justicia.
Reparto de cargos y beneficios
Las fuentes señalaron que quien resulta elegido presidente de una Corte concentra un poder considerable que, en diversos casos, habría sido utilizado para beneficiar a sus aliados. Una de las prácticas recurrentes, indicaron, es asignar a los jueces superiores que votaron por el candidato ganador a las salas penales, civiles, laborales y constitucionales, así como a otras de mayor visibilidad y cercanía a la sede principal de la Corte. En contraste, los magistrados que votaron en contra son trasladados a salas mixtas descentralizadas, ubicadas en provincias alejadas del distrito judicial.
También mencionaron la concesión de licencias permanentes sin fiscalización, la asignación de presidencias de comisiones que permiten viajes a congresos nacionales e internacionales y la contratación de personal para órganos jurisdiccionales y administrativos sin el perfil requerido por las normas vigentes.
El caso “Las Corbatas Negras” en Apurímac
Uno de los casos más recientes relacionados con estos cuestionamientos se registró en la Corte Superior de Justicia de Apurímac. El 20 de julio de 2026, el Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria dictó 18 meses de prisión preventiva contra el expresidente de esa Corte, José Alberto Tinco Luján, y su esposa, Elionora Yntusca Janampa. Ambos son investigados por los presuntos delitos de abuso de autoridad y corrupción, en el marco de la organización criminal denominada “Las Corbatas Negras”.
Según la tesis fiscal, Tinco habría realizado contrataciones ilegales en la entidad que dirigía, mientras que su esposa habría ejercido influencia directa en la designación de personal. El operativo, ejecutado el 2 de julio por la Dircocor y el Ministerio Público, incluyó 21 allanamientos simultáneos en Apurímac, Lima, La Libertad y Puno. La intervención permitió detener a 25 personas presuntamente contratadas de manera irregular.
La investigación señala que la red habría presionado a magistrados, promovido nombramientos irregulares de jueces supernumerarios y manipulado sistemas informáticos para direccionar expedientes. El caso muestra cómo el poder concentrado en la presidencia de una Corte puede ser usado para tomar control de decisiones clave dentro de la institución.
Designaciones cuestionadas en Ayacucho
En la Corte Superior de Justicia de Ayacucho, los magistrados consultados advierten situaciones que generan preocupación. Las reglas del Consejo Ejecutivo del Poder Judicial fijan un orden para nombrar jueces: primero debe promoverse a un juez titular del nivel inmediatamente inferior; si ello no es posible, se debe recurrir a jueces supernumerarios inscritos en la lista de la Junta Nacional de Justicia; y solo ante la falta de candidatos disponibles puede utilizarse una lista del propio distrito judicial.
No obstante, ese orden no siempre se respetaría. La Resolución Administrativa N.° 000885-2025-P-CSJAY-PJ cubrió una vacante tras determinar que no había candidatos aptos en la lista de la Junta Nacional de Justicia. Con una facultad delegada, la Presidencia de la Corte designó directamente a una secretaria judicial de la institución como jueza supernumeraria.
Los magistrados consultados sostienen que no se trata de un caso aislado. Señalan que otras juezas ejercen funciones jurisdiccionales sin figurar en el registro oficial de jueces supernumerarios de la Junta Nacional de Justicia. Según indican, estas designaciones quedan en manos del presidente de la Corte, quien puede dejar de lado los mecanismos de selección y competencia previstos en la normativa.
También se ha reportado el incumplimiento del Manual del Clasificador de Cargos del Poder Judicial en la designación de profesionales para puestos de confianza, jefaturas de unidad y coordinaciones administrativas. Uno de los casos que mencionaron es el del abogado Javier Arturo Loaiza Suárez, quien ocupa una plaza de técnico judicial y fue designado asesor de la Presidencia de la Corte.
El cargo exige experiencia especializada en oficinas de asesoría, requisito que Loaiza Suárez no acreditaría. Por ello, su designación no cumpliría con el perfil técnico establecido en la normativa y podría afectar la calidad del servicio judicial.
Los casos reportados ameritan una revisión de la Contraloría General de la República para determinar si estas prácticas se repiten en otras Cortes del país y establecer posibles responsabilidades.
Caso en Lima Sur
Otro caso que genera preocupación es el del juez superior Marco Antonio Angulo Morales. En noviembre de 2024, la Autoridad Nacional de Control del Poder Judicial lo suspendió preventivamente por seis meses de su cargo como presidente de la Corte Superior de Lima Sur.
La medida estuvo vinculada a presuntas faltas muy graves por una supuesta presión contra una jueza para influir en una sentencia sobre la anulación de los peajes de Rutas de Lima.
Pese a la suspensión y a informes de control que recomendaban su destitución, en septiembre de 2025 la Junta Nacional de Justicia lo seleccionó y nombró juez superior titular de la Corte Superior Nacional de Justicia Penal Especializada. Esta instancia resuelve casos de delincuencia organizada, corrupción de funcionarios y lavado de activos.
Antecedentes de una reforma pendiente
Ante esta situación, y a poco más de dos meses de la próxima elección, los magistrados consultados plantean retomar el debate sobre la reforma del sistema de elección de las autoridades judiciales. La discusión, sin embargo, no es nueva. En julio de 2018, el entonces presidente del Poder Judicial, Víctor Prado Saldarriaga, presentó ante el Pleno del Congreso una propuesta legislativa como parte del “Plan de cambios urgentes para el Poder Judicial”.
La iniciativa proponía modificar los artículos 74 y 88 de la Ley Orgánica del Poder Judicial para que el presidente de la Corte Suprema y los presidentes de las Cortes Superiores sean elegidos mediante voto universal, directo, secreto y obligatorio de todos los jueces titulares del país. Actualmente, la elección está en manos de un grupo reducido de magistrados.
La propuesta buscaba ampliar la participación de los jueces y dar mayor legitimidad y transparencia al proceso. Prado Saldarriaga sostuvo entonces que la reforma era necesaria para romper con las prácticas de cuoteo y reparto de poder que, según afirmó, han marcado estas elecciones.
Para los magistrados consultados, el voto secreto y restringido facilita la formación de redes de poder que dejan de lado la selección por méritos y la transparencia.
