La Corte Suprema anuló la absolución del general José Rolando Valdivia Dueñas y otros cinco oficiales, ratificó las condenas a 18 militares por 29 ejecuciones extrajudiciales y desestimó los pedidos de prescripción y amnistía.
Treinta y ocho años después de la masacre ocurrida en el distrito de Cayara (Ayacucho), la Sala Penal Transitoria de la Corte Suprema de Justicia declaró nula la absolución del general en retiro José Rolando Valdivia Dueñas, exjefe político-militar de esa región. El tribunal ordenó que enfrente un nuevo juicio oral como presunto autor mediato del homicidio calificado de cuatro testigos clave de las ejecuciones ocurridas en mayo de 1988.
La decisión, contenida en la Ejecutoria Suprema RN 1809-2023 y bajo la ponencia del juez supremo Edhin Campos Barranzuela, frena los intentos de las defensas por cerrar el caso mediante las leyes 32107 y 32419. Los magistrados declararon infundados los pedidos de prescripción presentados por 22 procesados, 12 de los cuales también solicitaron acogerse a la ley de amnistía. La resolución establece que los jueces no deben aplicar normas internas de prescripción o amnistía frente a hechos susceptibles de constituir crímenes de lesa humanidad cuando resulten incompatibles con las obligaciones internacionales asumidas por el Estado peruano.
Tras la notificación de la resolución, la abogada de la Asociación Pro Derechos Humanos, APRODEH, y defensora de los familiares de las víctimas, Gloria Cano, destacó los alcances de la decisión:
“Nos notificaron la ejecutoria de la Corte Suprema de la República; han resuelto que no se aplica la prescripción ni la amnistía solicitada por todos los militares que actuaron en el operativo de mayo de 1988 contra la población civil en Cayara. Han confirmado las condenas y declarado nulas las absoluciones por las desapariciones de los pobladores de Cayara que siguieron luego del operativo de mayo, así como de los asesinatos del alcalde Justiniano Tinco y la testigo Fernandina Palomino que fueron orquestados desde la base militar de Cayara en diciembre de 88 y el asesinato de Martha Crisóstomo otra testigo de los hechos de mayo al secuestrarla de su casa y asesinarla en las calles de Huamanga en el año 89. ¡Valdivia Dueñas, sabes que eres responsable! La impunidad no pasará!”
El general en el banquillo
En mayo de 1988, el general José Rolando Valdivia Dueñas ejercía la jefatura de la Subzona de Seguridad Nacional 5, con sede en Ayacucho. Tras la emboscada de Sendero Luminoso contra un convoy del Ejército en el anexo de Erusco, convocó a los mandos del cuartel general y aprobó el Plan Operativo Persecución. El 18 de mayo viajó en helicóptero a Cayara para supervisar el despliegue en la zona y leyó ante los pobladores una nómina de campesinos señalados como sospechosos.
En agosto de 2023, una sala penal superior lo absolvió de la acusación como autor mediato de cuatro asesinatos perpetrados meses después de la masacre. La Corte Suprema anuló esa decisión al concluir que el tribunal de origen omitió valorar en conjunto las pruebas sobre su posición de mando y el control militar desplegado en la zona.
De acuerdo con el fallo supremo, la sentencia absolutoria, “sustentada en una valoración fragmentaria o insuficiente del acervo probatorio, vulnera el deber de motivación y debe declararse nula”.
Con esta determinación, Valdivia Dueñas irá nuevamente a juicio por los asesinatos del alcalde de Cayara, Justiniano Tinco García; la secretaria municipal, Fernandina Palomino Quispe; y el chofer Antonio Félix García Tipe, acribillados el 14 de diciembre de 1988. También responderá por el homicidio de la técnica de enfermería Martha Crisóstomo García, asesinada en su vivienda de Huamanga el 8 de septiembre de 1989, luego de formular cargos directos contra el alto oficial.
Respecto de las ejecuciones masivas de mayo de 1988 y la desaparición forzada de cinco comuneros en junio de ese año, Valdivia Dueñas no fue absuelto. Su juzgamiento permanece formalmente reservado por su condición de reo contumaz, hasta que sea ubicado y puesto a disposición de la justicia.
Nuevos juicios y condenas
La orden de realizar un nuevo juicio oral ante otro colegiado superior alcanza también a otros cinco oficiales que habían sido absueltos.
El oficial de Inteligencia G-2 Enrique Alberto Majluf Vivanco y el capitán Guillermo Pedro García Dulcic, jefe de la Base Contrasubversiva de Huancapi y de la patrulla Tarántula, volverán a ser juzgados por las ejecuciones del 14 y 15 de mayo de 1988.
A Majluf Vivanco se le suma la acusación por la desaparición forzada de cinco pobladores el 29 de junio de 1988. Sin embargo, la Corte Suprema mantuvo su absolución por los crímenes de diciembre de 1988 y septiembre de 1989.
Asimismo, los jefes de las patrullas Otorongo, Pantera y Zeta de la compañía Lince, Luis Francisco Álvarez Rodríguez, Américo Martín Lam Injante y Carlos Humberto Ayala Rojas, afrontarán un nuevo proceso por las muertes de mayo y por las maniobras militares para desenterrar, trasladar e incinerar los cadáveres.
En paralelo, la Sala Penal Transitoria dejó firmes las condenas contra 18 militares por el homicidio calificado de Máximo Asto Palomino y otros 28 comuneros.
Marco Antonio Llontop Jesús y Luis Alberto Castañeda Marín, jefes de las patrullas Huayacán y Algarrobo, mantienen penas de 15 años de prisión por su condición de mando directo sobre las tropas ejecutoras.
Para 11 de los 16 militares sentenciados de las patrullas Grass y Huayacán se ratificó la pena de 8 años de cárcel. En el caso de los otros cinco efectivos, Ángel Germán del Rosario Rodríguez, Julián Valerio Leyva Peña, Roberto Antonio Morales Espinoza, Juan Quispe Huaca y Eugenio Orestes Cerna Arias, la Corte Suprema elevó la sanción de 8 a 9 años de prisión, tras determinar que la sala superior les otorgó una reducción indebida por responsabilidad restringida por edad.
Las penas se computarán desde el internamiento penitenciario, con el descuento del tiempo de carcelería previa. La reparación civil quedó fijada en S/120 000, monto que los sentenciados deberán abonar de manera solidaria con el Estado a favor de los herederos de las víctimas.
El expediente regresará a la sala superior de origen con dos precisiones procesales. El nuevo colegiado deberá corroborar el fallecimiento del mayor Miguel Francisco Nájar Acosta, jefe operativo de la compañía Lince en 1988, para resolver la extinción de la acción penal por muerte. También deberá emitir un pronunciamiento sobre la acusación por desaparición forzada contra el oficial Guillermo Gutiérrez Falconi, extremo omitido en la parte resolutiva de la sentencia de 2023.
El rechazo al blindaje
Los abogados defensores pretendían el cierre definitivo del caso invocando dos disposiciones recientes: la Ley 32107, referida a la prescripción de delitos de lesa humanidad, y la Ley 32419, que concede amnistía a miembros de las fuerzas del orden procesados sin sentencia firme.
Al aplicar el control de convencionalidad, la Corte Suprema dejó ambas normas sin efecto para este caso. La ejecutoria sostiene que no corresponde aplicar disposiciones internas de prescripción o amnistía frente a hechos susceptibles de constituir graves violaciones de derechos humanos cuando resulten incompatibles con las obligaciones internacionales asumidas por el Estado peruano.
El tribunal sustentó su decisión en la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en los casos Barrios Altos y La Cantuta, así como en la resolución del 3 de septiembre de 2025 que ordenó a los jueces peruanos abstenerse de aplicar la Ley 32419.
Respecto de la Sentencia 190/2025 del Tribunal Constitucional sobre la Ley 32107, la Sala Suprema remarcó que ese pronunciamiento reunió cuatro votos conformes, cuando la normativa procesal exige cinco para establecer un precedente vinculante para los magistrados del Poder Judicial.
La ruta del horror
Según la resolución judicial, los hechos se originaron el 13 de mayo de 1988, cuando Sendero Luminoso emboscó un convoy militar de la patrulla Mosca en Erusco, anexo de Cayara. En la acción murieron el capitán José Miguel Arbulú Sime, el sargento Ángel Vargas Támara y los cabos Fabián Roldán Ortiz y Carlos Espinoza de la Cruz. Quince uniformados resultaron heridos y se sustrajeron diez fusiles FAL y una pistola ametralladora.
Como respuesta, el general Valdivia Dueñas activó el Plan Operativo Persecución con diez patrullas militares.
A las 9 de la mañana del 14 de mayo, las tropas incursionaron en Cayara. En la entrada principal del pueblo interceptaron a Máximo Asto Palomino, quien fue asesinado. Su esposa, Magna Suárez Valenzuela, encontró su cuerpo al día siguiente en el paraje Alpajuillo. Según la ejecutoria, los soldados la amenazaron para impedir que recogiera el cadáver.
Ese día, el pueblo celebraba la Fiesta de la Virgen de Fátima. Mientras los vecinos bajaban el anda en el exterior de la iglesia, cerca de cien efectivos militares irrumpieron en el lugar. Detuvieron a Indalecio Palomino Tueros, Teodosio Noa Pariona, Patricio Jayo Cahuayme, Santiago Tello Crisóstomo y Emilio Berrocal Crisóstomo. Los encerraron en la iglesia, cercaron el lugar con alambre y separaron a los hombres de las mujeres y los niños.
Al amanecer del 15 de mayo, los familiares observaron sangre que salía por debajo de la puerta. Luego siguieron el rastro hasta la zona de Quinsahuayco, donde encontraron los cinco cadáveres.
A las 3 de la tarde del mismo día, las patrullas se trasladaron al anexo de Ccechua, donde reunieron a cerca de 80 pobladores, entre hombres, mujeres y niños. Los militares separaron a los varones, los obligaron a recostarse boca abajo y colocaron plantas de cactus sobre sus espaldas. Después los ejecutaron en un paraje cercano.
Murieron David Ccayo Cahuaymi, Solano Ccayo Noa, José Patricio Cayo Rivera, Alejandro Choccña Oré, Artemio Gonzales Palomino, Alfonso Huayanay Bautista, Eustaquio Oré Palomino, Zacarías Palomino Bautista, Aurelio Palomino Choccña, Fidel Teodosio Palomino Suárez, Félix Quispe Palomino, Dionisio Suárez Palomino, Prudencio Sulca Huayta, Emiliano Sulca Oré, Zósimo Graciano Taquiri Yanqui, Teodosio Valenzuela Quispe, Ignacio Tarqui Ccayo, Hermenegildo Apari Tello, Félix Crisóstomo García, Ponciano Cayo Palomino e Ignacio Ipurre Suárez.
Magdaleno Gutiérrez Huamán sobrevivió malherido y se refugió en la vivienda de Segundina Marcatoma Suárez. Al día siguiente, una patrulla intervino la casa y ejecutó a ambos. Los familiares recién pudieron sepultar los cuerpos el 16 de mayo en cuatro fosas.
Luego de que se denunciaran públicamente las ejecuciones, contingentes militares desenterraron los restos, los trasladaron en acémilas hacia las alturas de Hualla y los incineraron para ocultar las huellas de los crímenes.
El silenciamiento de testigos
Tras las investigaciones iniciales dirigidas por el fiscal Carlos Enrique Escobar Pineda y las denuncias presentadas ante comisiones investigadoras del Congreso y la prensa, ocurrieron nuevas desapariciones y asesinatos.
El 29 de junio de 1988 fueron desaparecidos Guzmán Bautista Palomino, Gregorio Ipurre Ramos, Humberto Ipurre Palomino, Benigna Valenzuela Palomino y Catalina Ramos Palomino. Guzmán Bautista y Gregorio Ipurre habían denunciado públicamente a efectivos militares vinculados con los hechos de Cayara.
Cinco meses después, el 14 de diciembre de 1988, un comando interceptó en Toctocasa el camión en el que viajaban 15 pobladores. Los atacantes identificaron, bajaron y asesinaron al alcalde Justiniano Tinco García y a la secretaria Fernandina Palomino Quispe. El conductor, Antonio Félix García Tipe, fue asesinado en el mismo hecho luego de increpar a los agresores.
El 8 de septiembre de 1989, ocho encapuchados con uniforme militar irrumpieron, a las 3 de la mañana, en la vivienda de Martha Crisóstomo García, en Huamanga, y la asesinaron a tiros. Crisóstomo era técnica de enfermería, reconoció cuerpos durante diligencias fiscales y declaró sobre los hechos ocurridos en Cayara, formulando cargos directos contra el general Valdivia Dueñas.
