El testimonio del testigo Celestino Baldeón e informe de la representante de Aprodeh ante la CIDH sobre el caso Accomarca revelan que 6 de los 10 sentenciados por la masacre de 61 personas en agosto de 1985 siguen prófugos y recibiendo sus sueldos y pensiones sin ser buscados. Los familiares exigen la identificación de todas las víctimas y denuncian la impunidad en la desaparición de otras personas que aún no han sido encontradas.
Celestino Baldeón, presidente de la Asociación de Residentes de Accomarca en Lima, y la abogada Gloria Cano de Aprodeh, se presentaron ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) con el propósito de informar sobre el estado actual del caso Accomarca y revelar la cruda realidad que persiste después de 38 años.
En un testimonio cargado de dolor y esperanza, Celestino Baldeón compartió la tragedia que sacudió Accomarca, recordando que la búsqueda de justicia aún continúa. A pesar de que se dictó una sentencia, solo 4 de los 10 responsables están cumpliendo sus penas, mientras que los demás permanecen en libertad, recibiendo sus sueldos y pensiones sin ser buscados. Lo más desgarrador es que, incluso después de tantos años, todavía hay víctimas cuyos restos no han sido encontrados para recibir el descanso final que merecen.
Con voz entrecortada, Celestino solicitó a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos: ‘Pedimos su apoyo para encontrar la justicia que hasta ahora nos ha sido esquiva’. En sus palabras se sintieron la carga emocional de aquellos que han perdido a seres queridos y han buscado incansablemente respuestas y reparación. Para ellos, la justicia sigue siendo un anhelo lejano, una promesa incumplida que ha dejado cicatrices indelebles en sus vidas.
La abogada, por su parte, pintó un cuadro desgarrador mientras describía meticulosamente los sucesos que tuvieron lugar en Accomarca. Reveló los obstáculos y las decepcionantes brechas en el sistema judicial que permiten que los responsables sigan en libertad, sin asumir las consecuencias de sus actos.
Lugar de la Memoria de Accomarca. Vídeo: infopais.pe
“Plan Huancayoc”
Asimismo, recordó que el 14 de agosto, las patrullas militares llegaron a Accomarca y se concentraron en la Quebrada de Lloqallapampa, donde se encontraban familias; posteriormente, separaron a las mujeres y las sometieron a violencia sexual. Luego encerraron a todos los pobladores en chozas y dispararon contra ellos. Aquellos que se acercaron para ayudar a apagar el fuego fueron asesinados de inmediato. Los familiares que se encontraban escondidos entre los cerros tuvieron que esperar a que las patrullas se desplazaran a otra zona para proceder, entre lágrimas y terror, a enterrar a las víctimas en el mismo lugar. El resultado fue la muerte de 61 personas, incluyendo niños, ancianos, mujeres y hombres, indicó.
Precisó igualmente que, la incursión militar no terminó allí. La presencia militar provocó otros eventos con los pobladores de la zona. Telmo Hurtado señaló ante las autoridades que los mandos de la Segunda Brigada de Infantería de Ayacucho ordenaron una operación de limpieza, es decir, no dejar testigos, ya que lo sucedido empezaba a ser conocido por los medios periodísticos y se hablaba de una masacre. El 9 de septiembre, Martín Baldeón Ayala fue detenido por una patrulla y llevado a la base militar de Vilcashuamán. Su esposa, doña Paulina Pulido, se presentó para llevarle alimentos e indagar sobre la razón de la detención, pero también fue detenida. Ambos continúan desaparecidos, dijo.
Tumbas que no han sido encontradas hasta ahora
Manifestó que ese mismo día, los militares detuvieron y asesinaron en Accomarca a Cecilio Gamboa, Padua Quispe Chuchón, Siriana Quispe Janampa, Brígida Pérez Chávez y Alejandro Baldeón. Los llevaron al cementerio local para ejecutarlos. Las autoridades judiciales presentes en la zona descubrieron los cuerpos y ordenaron su traslado a Huamanga. Algunos fueron exhumados en Lloqallapampa y llevados a la morgue para realizar la necropsia. Sin embargo, nunca fueron devueltos a sus familias, los enterraron en tumbas aún no encontradas.
Además, las personas de la tercera edad Cecilio Gamboa Mendoza, Siriana Quispe Martínez, Agustín Pujaico y Marcelina Janampa Baldeón también fueron asesinadas. Sus cuerpos fueron llevados a Huamanga y enterrados sin informar a sus familiares. Hasta el día de hoy, las tumbas no han sido ubicadas, dijo.
Señaló que un total de 70 personas fueron asesinadas y desaparecidas en estas acciones militares. A pesar de las denuncias, el caso fue derivado indebidamente al foro militar y luego se aplicó la ley de amnistía. Después de 20 años, se reiniciaron las investigaciones en la Fiscalía de Derechos Humanos de Ayacucho y se llevó a cabo un proceso judicial. El juicio oral comenzó en 2010 y concluyó seis años después. Durante todo este tiempo, los familiares, organizados en una asociación, enfrentaron diversas diligencias y asistieron a las audiencias judiciales en el penal Castro Castro, donde fueron revictimizados, puntualizó la abogada.
Nadie busca a los prófugos
Indicó que, si bien la sentencia dictada en agosto de 2016 fue condenatoria, la mayoría de los sentenciados siguen prófugos. Hay evidencia de que nadie los busca, ya que muchos siguen recibiendo sus sueldos y pensiones del ejército sin un seguimiento para hacer efectiva la sentencia judicial. Los magistrados señalan que, a través de las pruebas actuadas, llegan a la convicción del asesinato de 61 personas el 14 de agosto de 1985. Sin embargo, solo se mencionan con nombres propios a 23 de ellos, mientras que los 38 restantes deben ser identificados.
Señaló que, los familiares emprendieron la batalla para lograr que el Estado cumpla con su obligación de agotar los medios posibles para la identificación y proceder a la entrega y restitución de los cuerpos, así como incorporarlos a la sentencia como agraviados. De las 61 víctimas del 14 de agosto de 1985, identificaron vía ADN a tres en 2006 y a 38 por ADN en diciembre 2021. Además, el equipo forense realizó un hallazgo del que no se tenía conocimiento, se trata del hijo no nacido de la víctima Basilisa Pariona Baldeón.
Impunidad
Indicó también que, de los identificados, 14 están reconocidos en la sentencia judicial como víctimas, pero otros 19 deben ser incorporados mediante una resolución judicial. A pesar del tiempo transcurrido, esto no se ha cumplido. Además, no se tienen datos sobre los cuerpos de las cuatro víctimas del 14 de agosto que fueron llevados para la necropsia en Huamanga. Tampoco se ha realizado una nueva investigación para encontrar a los responsables de las víctimas de septiembre cuyos cuerpos también fueron enviados a Huamanga.
En cuanto a la desaparición de Martín Baldeón Ayala y su esposa Paulina Pulido en la base militar de Vilcashuamán, dijo que sigue impune y no se ha realizado ninguna investigación o esfuerzo de búsqueda para encontrarlos.
Recordó que en mayo del 2022, se realizó la entrega de algunos restos óseos identificados con el fin de brindarles un entierro digno. Esta ceremonia fue coordinada respetando las costumbres de los familiares. Sin embargo, otros familiares aún no tienen respuesta y continúan viviendo con la angustia de no conocer el paradero de sus seres queridos, precisó Gloria Cano.
La abogada de Aprodeh informó a los comisionados de la CIDH que los hechos descritos y las pruebas respaldan que el Estado incumplió con sus deberes de respetar los artículos 4, 7 y 5 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, así como los artículos 1, 6 y 8 de la Comisión Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura.
Expresó que las víctimas fueron arrestadas sin motivo, torturadas y asesinadas, violando sus derechos fundamentales: “A pesar del tiempo transcurrido, las investigaciones han sido ineficaces y la impunidad persiste. La Comisión de la Verdad reconoció la existencia de tortura y violencia sexual sistemática durante el conflicto armado en Perú, lo cual constituye una grave violación del derecho internacional humanitario. Consideramos que el Estado de Perú es responsable de violar el artículo 11 de la Comisión Americana de Derechos Humanos”, precisó.
Además, dijo que, se han identificado al menos 29 víctimas, entre ellas niños y niñas, algunos de los cuales tenían apenas meses de nacido. En este sentido, la violación de los derechos mencionados anteriormente constituye también una violación a la obligación estatal de brindarles protección especial, según lo establecido en el artículo 19 de la Comisión Americana, señaló.
Por último, resaltó que: “el Estado peruano también es responsable del incumplimiento de sus obligaciones establecidas en el artículo 1 y 9 de la Comisión Interamericana sobre desaparición forzada. Las investigaciones fueron derivadas al foro militar, lo cual viola los derechos consagrados en los artículos 8 y 25 de la Convención. Asimismo, es responsable de la violación del derecho a la propiedad y a la no discriminación. Por todo ello, solicitamos que la Comisión declare la responsabilidad del Estado en estas violaciones alegadas”.
La historia se repite
Al respecto, Jo-Marie Burt, Asesora Principal de la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA), señaló en un artículo para el Diario La República que la historia de indolencia e impunidad evidente en el caso de Accomarca se repite con las masacres 2022-2023, así como la política de estigmatización de las víctimas. ¿Quién puede olvidar a Telmo Hurtado justificar la muerte de niños en Accomarca diciendo que «al crecer serían terroristas»? Y ahora, ante la CIDH, el embajador del Perú ante la OEA, Gustavo Adrianzén, aseguró de manera petulante y frente a las víctimas que acababan de describir su dolor y sufrimiento debido a la represión estatal: «Ellos son los violentos, los que ocasionaron la muerte». ¿No ha cambiado nada en 40 años?, se preguntó.
La masacre de Accomarca es parte de la triste lista de casos de violaciones a los derechos humanos que ocurrieron durante el conflicto armado interno en Perú. Este trágico evento nos invita a reflexionar sobre la imperiosa necesidad de no olvidar ni ignorar los atropellos que marcaron un período oscuro en nuestra historia nacional. Es fundamental mantener viva la memoria de las víctimas y sus familias, así como trabajar incansablemente para garantizar que hechos tan dolorosos no se repitan y que la justicia prevalezca sobre la impunidad.