A solicitud del gobierno de Dina Boluarte, la Fiscalía ha iniciado un procedimiento preventivo de 90 días contra los responsables de las organizaciones sociales y los familiares de las víctimas de las protestas del 15 de diciembre de 2022. Se les responsabiliza por cualquier acto de violencia que ocurra en el marco del Bicentenario y en el segundo aniversario del asesinato de 10 ciudadanos ayacuchanos.Gobierno amenaza a familiares del 15 de diciembre por protestas en el marco del Bicentenario
El 6 de diciembre de 2024, la Segunda Fiscalía Provincial Especializada en Prevención del Delito de Ayacucho notificó, entre otros, a Yovanna Mendoza Huarancca, presidenta de la Asociación de Familiares de Fallecidos y Heridos del 15 de diciembre, sobre la Disposición Nº 01-2024, que amenaza con sanciones por protestas en el marco del Bicentenario de la Batalla de Ayacucho.
Esta disposición establece un procedimiento preventivo de 90 días contra los responsables de las organizaciones sociales y de los familiares de las víctimas del 15 de diciembre de 2022, por cualquier acto de violencia que pudiera ocurrir durante las protestas programadas para los días 7, 8, 9 y 15 de diciembre. Esto se da en el contexto de la posible presencia de la presidenta Dina Boluarte durante la conmemoración del Bicentenario de la Batalla de Ayacucho y el segundo aniversario del asesinato de 10 ciudadanos ayacuchanos.
Por lo tanto, la Fiscalía recomienda a los dirigentes del Frente de Defensa del Pueblo de Ayacucho (FREDEPA), del SUTE Regional Ayacucho (afiliado a FENATPERÚ), de la Coordinadora Nacional Unitaria de Lucha, de la Secretaría General del SUTE Huamanga, de la Delegación Nacional del SUTE Regional Ayacucho y de la Asociación de Familiares de Fallecidos y Heridos del 15 de diciembre de 2022, que se abstengan de cualquier acción que infrinja la ley o constituya un delito contra la libertad personal, la seguridad pública, la tranquilidad social, la correcta administración del Estado o el patrimonio.
Documento fiscal que hace referencia a la carta del MININTER.
La queja
José Félix Garay Barrientos, gestor territorial de la Dirección de Prevención y Gestión de Conflictos Sociales del Ministerio del Interior y funcionario de la gestión de Dina Boluarte, remitió la carta N.° 001-2024 al Ministerio Público, informando sobre las acciones de protesta convocadas contra la conmemoración del Bicentenario
Documento fiscal que hace referencia a la carta del MININTER.
de Ayacucho para los días 7, 8 y 9 de diciembre. Estas protestas son organizadas por el Frente de Defensa del Pueblo de Ayacucho (FREDEPA), con el respaldo de la Asociación de Familiares de Fallecidos y Heridos del 15 de diciembre y la Coordinadora Nacional Unitaria de Lucha (CNUL). Se llevará a cabo un encuentro nacional en Ayacucho los días 7 y 8 de diciembre.
En su carta, el funcionario detalla lo siguiente:
– El 7 de diciembre: El FREDEPA realizará una protesta denominada «Movilización contra la dictadura cívico-militar y las masacres en el Perú». Para ello, se llevará a cabo una preconcentración en la Casa del Maestro de Huamanga a las 14:00 horas, y posteriormente se movilizarán por las principales calles de Huamanga, exigiendo justicia para los fallecidos en las protestas del 15 de diciembre de 2022 y la renuncia de la presidenta de la República.
– El 9 de diciembre: La Asociación de Familiares de Fallecidos y Heridos del 15 de diciembre convocará una concentración en el frontis del Aeropuerto Coronel FAP Alfredo Mendivil Duarte de Ayacucho desde las 06:00 horas, también exigiendo la renuncia de la presidenta y justicia para los afectados del 15 de diciembre de 2022.
Además indica que, la CNUL ha convocado a una movilización hacia la ciudad de Quinua, solicitando la renuncia de la presidenta, la convocatoria a una Asamblea Constituyente y la liberación del expresidente Pedro Castillo.
Por lo tanto, el funcionario precisa que existe un alto riesgo de acciones de protesta entre los días 7, 8 y 9 de diciembre, lideradas por representantes de organizaciones sociales como FREDEPA, CNUL, FENATE, ASFAH, entre otras de la región de Ayacucho. Solicita que este despacho proteja los derechos de los ciudadanos y evite delitos que puedan comprometer la integridad personal y la propiedad pública y privada.
Con esta información, solicitó la intervención del Ministerio Público para prevenir posibles delitos que pudieran surgir durante los eventos conmemorativos.
Las organizaciones de base han manifestado su rechazo no a las actividades del Bicentenario, sino a la presencia de Dina Boluarte, a quien consideran directamente responsable de los asesinatos de 10 ciudadanos durante las protestas del 15 de diciembre de 2022. A dos años de esos trágicos sucesos y sin que se haya hecho justicia, su llegada es vista como una provocación por los ayacuchanos.
Resolución de la Fiscalía
Disposición fiscal a solicitud del gobierno.
La resolución de la Fiscalía subraya que, aunque el derecho a la protesta es fundamental, debe ejercerse dentro de los límites de la legalidad, recordando que actos como disturbios, obstrucción a la autoridad y violencia pueden conllevar penas de entre 2 y 15 años de prisión. Al responsabilizar preventivamente a los familiares de las víctimas y a los líderes de organizaciones sociales, se genera un clima de indignación ante lo que muchos consideran una amenaza de criminalización del derecho a la protesta, impulsada por el gobierno de Boluarte.
Ciudadanos de diversas corrientes han manifestado su preocupación por la intención del gobierno de crear un ambiente de miedo que limite la libertad de expresión y el derecho legítimo a la protesta, especialmente en un contexto donde las heridas del 15 de diciembre aún están frescas.
Autoridades de Quinua
Por otro lado, las autoridades locales de Quinua, en Ayacucho, han emitido un pronunciamiento en rechazo a cualquier acción de protesta que pueda interrumpir la conmemoración del Bicentenario de la Batalla de Ayacucho, un evento que consideran vital para la reactivación económica y turística de la zona.
En su documento, advierten que estas manifestaciones, convocadas por organizaciones sociales, no solo amenazan la organización de los eventos programados, sino también el bienestar de una comunidad que aún se recupera de los efectos devastadores de la pandemia de COVID-19.
En respuesta, el Frente de Defensa del Pueblo de Ayacucho (FREDEPA) ha señalado que las protestas en Quinua ¡SÍ VAN!, exigiendo justicia, dignidad y democracia. Afirmaron que el Congreso de los Pueblos y la movilización en rechazo a la dictadura de Dina Boluarte en la histórica Pampa de Ayacucho seguirán adelante.
#AYACUCHO | A dos años de la m4sacr3 del 15/12/2022, que dejó 10 víctimas, familiares organizarán del 7 al 15 de diciembre movilizaciones, foros, vigilias y romería al cementerio general, exigiendo #JUSTICIA, así indicó a @infopaispe Yovana Mendoza, presidenta de la Asociación. pic.twitter.com/BNf63m1Y4T
