Sentencia a Michael Urtecho pone en la mira a actuales congresistas involucrados en prácticas de ‘mochasueldos’ .
La Sala Penal Especial de la Corte Suprema ha dictado sentencia contra el excongresista Michael Urtecho y su esposa por delitos de concusión y lavado de activos, con penas de 22 y 28 años de prisión respectivamente. La condena es relevante debido a su relación con los casos actuales de legisladores involucrados en el recorte de salarios de sus trabajadores.
La defensa de Michael Urtecho ha apelado, pero los analistas legales predicen que la sentencia se mantendrá en gran parte intacta. La periodista Rosa María Palacios aconseja a los «mochasueldos» actuales que reconozcan el delito de concusión y soliciten una condena anticipada antes de ser procesados por lavado de activos, sugiriendo que podrían evitar la cárcel.
Palacios también destacó que el proceso judicial bajo el antiguo Código tomó una década, revelando la complejidad y los obstáculos del sistema judicial. Sin embargo, la sentencia no será efectiva hasta que se resuelva la apelación interpuesta por la defensa del sentenciado.
22 años de condena para Michel Urtecho y 28 años de condena para su esposa. Los delitos incluyen concusión y lavado de activos.
Por la gravedad de los plazos es muy probable que se reduzcan en la apelación, pero la condena efectiva va a prevalecer.
Diez años ha tardado obtener…— Rosa María Palacios (@rmapalacios) August 24, 2023
Por su parte, Marisol Pérez Tello, excongresista y exministra de Justicia y Derechos Humanos, comenta que es importante que se sepa que aquellos involucrados en delitos como los «mochasueldos» terminan en la cárcel tarde o temprano.
En tanto, José Cevasco, exfuncionario del Congreso de La República, advierte que los actuales congresistas investigados por «mochasueldos» tendrán la misma suerte que Urtecho.
Los hechos
En septiembre de 2013, un informe transmitido en el programa «Cuarto Poder» reveló que tres exasistentes del excongresista Michael Urtecho lo acusaron de retener parte de sus salarios. Aunque en un principio Urtecho negó estas acusaciones, en octubre de 2013 reconoció haber solicitado apoyo financiero a sus empleados a través de cuentas bancarias entre 2006 y 2010, así informó el programa «Punto Final».
“El ser humano comete muchos errores y muchas equivocaciones, graves o de cualquier índole. Lo más difícil es reconocer que se cometió un error, por miedo, por susto o cualquier cosa. Quiero pedir disculpas. Hasta el viernes que me grabaron en una entrevista, yo mantenía una posición, pero no decía la verdad».
Además de las acusaciones de retención salarial, se dio a conocer que Urtecho Gonzáles y su pareja eran propietarios de un inmueble en Trujillo valorizado en más de un millón de dólares, cuyo costo excedía sus ingresos como congresista. En enero de 2014, la Fiscalía oficializó la investigación por supuesta concusión y enriquecimiento ilícito contra el excongresista.
En tanto, su esposa Claudia Gonzáles también fue objeto de investigación como cómplice de concusión el 17 de enero de 2014. Además, la investigación se amplió el 30 de enero de ese mismo año por su presunta participación en el delito de enriquecimiento ilícito, relacionado con la adquisición de un terreno en Las Palmas del Golf y un inmueble que albergaba el Centro Médico Jesús de Nazareth.
Cuarto Poder: Congresista Michel Urtecho pagó más de 42 mil soles a empresa fantasma – YouTube
Los actuales ‘mochasueldos‘
En el panorama del actual parlamento, los medios de comunicación han puesto en evidencia casos similares entre los congresistas vigentes como: Magaly Ruíz, Rosío Torres, María Acuña, Jorge Flores Ancachi, José Arriola, Merly Portero, Heidy Juárez, Katy Ugarte y María Cordero, quienes se han visto envueltos en denuncias de recortes salariales, conocido como ‘mochasueldos‘.
Estos legisladores están siendo sometidos a investigaciones de la Fiscalía de la Nación por presunto delito de concusión. A pesar de las revelaciones, la impunidad parece arraigada en el seno del Legislativo. Esta sentencia envía una señal contundente a los líderes políticos actuales sobre las consecuencias ineludibles de las acciones ilegales.